La Contratación de Docentes en Un Mundo Post-Brexit
Aunque los derechos de residencia, trabajo o asistencia sanitaria están protegidos en el acuerdo de retirada (withdrawal agreement), siempre que este no acabe naufragando, la única forma de garantizar por completo todos los derechos asociados a la ciudadanía europea es adquirir la nacionalidad de un país comunitario.
166 británicos solicitaron la nacionalidad española en los diez primeros meses del 2018, según datos de la Dirección General del Registro y el Notariado. Es una cifra escasa, si se compara con los 10.067 marroquíes o los 2.001 venezolanos, pero más que triplica los 50 solicitantes de 2015, el año anterior al referéndum del Brexit, y convierte a los británicos en los cuartos ciudadanos comunitarios, tras rumanos, italianos y búlgaros, que más quieren ser españoles.
Adquirir la nacionalidad española por residencia implica llevar una década viviendo legalmente en España.
Hay un monumental retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad, con más de 400.000 pendientes.
España admite la doble nacionalidad con los países latinoamericanos y con otros con especial vinculación histórica, como Guinea Ecuatorial o Filipinas, además de Andorra y Portugal, pero no con el Reino Unido. En teoría, los británicos que adquieren la nacionalidad española deben renunciar a la suya. En la práctica, no se controla si alguien lleva dos pasaportes en el bolsillo.
Solicitudes de Nacionalidad de Ciudadanos de la UE
Más de 158,000 británicos han solicitado pasaportes irlandeses en los primeros 10 meses de. 2018. Fueron 163,000 en el 2017. Las autoridades están preparando para hasta 300.000 solicitudes a lo largo del 2019.
Del mismo modo, el número de británicos que han solicitud pasaportes alemanes ha subido de 732 solicitudes en el 2016 hasta 1.824 en el 2017. En los primeros diez meses del 2018, fueron 1,147 solicitudes. people applied. Those numbers don’t include Britons who applied to become citizens in Germany.
El día 11 de enero de 2019, Isabel Celaá, la portavoz del gobierno español, ha indicado que se han previsto “tres líneas de acción: normativa, logística e informativa”, con dos objetivos principales: “Proteger los intereses de los ciudadanos españoles y británicos en suelo español” y preservar los flujos del tráfico de bienes y mercancías. De entrada, el Ejecutivo trabaja en un real decreto sobre ciudadanía, que aclare la situación en la que quedarán los británicos que permanezcan en España cuando se produzca el Brexit.
